El nuevo gobierno americano ha generado cierta expectativa con la creación de su Departamento de Eficiencia del Gobierno (“DOGE”, por sus siglas en inglés). Lo interesante de la operatividad de DOGE es que no será una “burocracia para eliminar burocracia”, sino que funcionará como una institución asesora independiente, encargada de elaborar informes que recomienden decisiones para hacer al estado más “eficiente”. La idea es prometedora, y los resultados podrían ser muy positivos, dependiendo del enfoque que adopte esta nueva entidad.
El concepto de eficiencia en el estado es ampliamente debatido. En términos generales, la eficiencia implica alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad posible de recursos. Un estado en el que licencias, permisos, documentos y autorizaciones se emiten de forma rápida, sin requerir un gran número de funcionarios burocráticos y mediante procesos lineales y sencillos, se considera un estado eficiente.
El problema de la eficiencia como eje central para estas reformas es que, aunque permite identificar el gasto o desperdicio en los procesos burocráticos, no cuestiona los objetivos de dichos procesos. En la mayoría de los casos, el problema del estado no radica únicamente en que licencias, permisos o documentos se emitan de forma lenta, engorrosa y burocrática, sino en que estas licencias, permisos y documentos existan y sean requeridos en primer lugar. Frente a una visión centrada en la eficiencia, se presenta una perspectiva más amplia: la supresión de funciones estatales innecesarias. Este enfoque no solo busca reducir el tamaño del estado disminuyendo su personal, sino también limitando su alcance.
La segunda perspectiva resulta más sana y prometedora. No se trata únicamente de analizar al estado como una máquina, ajustándola para optimizar el uso del combustible suministrado. Más bien, implica considerar a la sociedad como un conjunto de individuos independientes, capaces de tomar decisiones y cuidarse por sí mismos, sin la necesidad de una constante intervención estatal. El objetivo no es simplemente maximizar recursos, sino potenciar la libertad de acción de los ciudadanos, lo cual, de forma paradójica, suele conducir también a una mayor eficiencia en el uso de recursos.
Además, la visión de supresión de funciones es más resistente a los cambios políticos. La mera eficiencia del estado, aunque se logre, está condenada a ser revertida por futuras administraciones, ya que existen fuertes incentivos políticos para expandir la burocracia. Por otro lado, la supresión de funciones estatales, aunque técnicamente reversible, requiere un esfuerzo adicional para reconstruir los complejos aparatos administrativos eliminados, lo que hace que esta alternativa sea más sostenible en el tiempo.
Los resultados de DOGE se conocerán –según promete su líder, el millonario Elon Musk– en un año. En ese momento, será posible evaluar cuál estrategia adoptó este nuevo departamento y su nivel de éxito. Una visión enfocada en la eliminación de funciones estatales innecesarias, que busque maximizar la libertad individual, debidamente respaldada y aplicada con el apoyo de la presidencia, podría sentar un importante precedente a nivel internacional. Un modelo como este tendría un enorme potencial en el contexto ecuatoriano.
