El prospecto de incorporar Bitcoin a nuestra economía ha ganado notoriedad desde que El Salvador adoptó esta criptomoneda. La idea de una moneda ajena al control político goza de amplia popularidad en Ecuador, en gran parte debido a la traumática crisis monetaria del año 1999. Bitcoin se perfila como un paso hacia el siguiente nivel en esta búsqueda de independencia monetaria. Actualmente, son muchas las voces que destacan las ventajas de adoptar –mediante legislación– el uso de criptomonedas, particularmente Bitcoin, como medio de cambio generalizado en el país.
Sin embargo, frente a esta ola de entusiasmo, es prudente mantener cierto escepticismo. Bitcoin no es, ni puede ser aún, todo lo que muchos de sus defensores más fervientes prometen. La discusión sobre las bondades del “big-block” frente al “small-block” es demasiado extensa para abordarla en este artículo, pero basta decir que, debido a decisiones tomadas por sus desarrolladores, Bitcoin es hoy una moneda con transacciones lentas y costosas. En muchos casos, estas resultan más caras que las transacciones bancarias tradicionales en moneda física. Esta limitación ha obligado a que la mayoría de los propietarios de Bitcoin no accedan directamente a sus criptomonedas, sino a través de cuentas de custodia en instituciones fintech. Estas instituciones mitigan parcialmente los problemas de costo y tiempo al liquidar ciertas transacciones mediante métodos alternativos al balance directo de Bitcoin. En otras palabras, la transacción en Bitcoin con la que un salvadoreño paga en McDonald’s no se realiza directamente en esta criptomoneda, sino a través de una transacción bancaria convencional respaldada por un valor en Bitcoin, que luego es compensada por las instituciones participantes.
El problema de un sistema de criptomonedas en el que los usuarios no tienen acceso directo a sus activos, sino a través de custodios, es evidente: no ofrece una moneda verdaderamente independiente del control político y bancario. En principio, Bitcoin sería susceptible a inflación si los custodios adoptaran un sistema de reserva fraccionaria (lo que de cierta forma ha pasado ya en casos sonados, como el de FTX). En este sistema, al igual que ocurre con los bancos tradicionales, los custodios no mantendrían en sus tesorerías la totalidad del Bitcoin que adeudan a sus depositantes, sino que destinarían una gran parte de estos fondos a la expansión del crédito. Si Bitcoin, por su naturaleza, no puede ser almacenado “debajo del colchón”, podríamos terminar con un sistema en el que la banca –y, por ende, el Estado mediante su regulación– tenga el control absoluto.
La visión de Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, es ciertamente prometedora, pero sus aspiraciones aún no se han materializado. Para que Bitcoin sea verdaderamente “dinero digital”, deberá ser posible almacenarlo en las billeteras personales de los usuarios –alojadas en sus propios dispositivos– y permitirles realizar transacciones sin intermediarios, de manera rápida y económica. Hasta que esto ocurra, la amenaza de una hiperbancarización –con los terribles efectos que podría tener sobre la libertad individual y la independencia del sistema monetario– seguirá siendo una preocupación latente.
